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Sin futuro, pero con sistema penal propio

In Derecho a Replica, Exclusivos, Tonti on 4 febrero, 2011 at 1:36 PM

Por Danilo Tonti

El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada, y del control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto o más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florecen el mercado de las policías privadas, y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quien menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo, y prisioneros del miedo“.

La búsqueda del miedo no es ilusoria ni tampoco desprevenida. Es miedo, pero ante todo es búsqueda. “Industria del miedo” en palabras de Galeano. “Ola de inseguridad”, en verborragia de todos.

Para el film hollywoodense es clara la escena, y también la condena: el ejecutivo o la ama de casa, en el trajín de su vida “normal”, y el delincuente (porque antes de ser persona, el sujeto es delincuente) atacando con su desvío social y su anormalidad casi natural, casi heredada. ¿El camino? No hay muchas dudas: cárcel y condena la mayor cantidad de años como fuesen posible, convenciéndose (sin siquiera creerlo) de que el encierro y la desprotección absoluta devendrán en “reinserción”. Pero sucede que aquel delincuente es joven, la secuencia se complica y casi de inmediato olvidamos la verdad que pintorescamente sostenemos: “los jóvenes son el futuro”.

¿Será que no es joven aquel pibe de 15 años que no conoció otro mundo que el robo y el camino de las drogas? ¿Será que no es joven aquel que mordió la bronca del olvido y tragó el resentimiento de la indiferencia? ¿Será que joven no es tanto un término etario como un privilegio y un mérito social? En la locura del prejuicio, los disparates son emblemas.

Lo cierto es que hoy, y con entristecedora liviandad, se discute bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Y me sumo a la pregunta que inteligentemente se realizan los jóvenes de la Cooperativa de Comunicación “La Brújula”: ¿Por qué suponer que desde adentro del  sistema penal se restituirán los derechos vulnerados, que por fuera del mismo no están siendo garantizados? Por motivos que no llego a comprender, para muchos hay lógica y verdad en aquel supuesto.

Los adolescentes que hoy tienen 14 y 15 años nacieron entre 1994 y 1995, en plena  vigencia del gobierno de Carlos Menem, cuyas políticas económicas tuvieron como  resultado la desintegración del tejido social, la marginación de millones de personas. (…) Hoy, esos jóvenes se encuentran en el centro del debate y es el mismo Estado que los dejó fuera del sistema productivo y educativo, quien debe definir qué hacer con ellos ante los crecientes reclamos de la opinión pública“; La Brújula. En todo problema yace una matriz, una causa, y también un efecto, una consecuencia. Ver el efecto y olvidar la causa no sólo evidencia nuestra incapacidad sino que, fundamentalmente, garantiza la continuidad del problema.

A esta altura del partido, hasta resulta hipócrita sostener la cárcel y los institutos de menores como instituciones que garantizan la resocialización del sujeto, reinsertándolo exitosamente en la sociedad. Más bien, parecen sostenerse como la garantía que contrarresta la amenaza; la tranquilidad, naciente del aislamiento, de evitar contacto y encerrar peligros. En este contexto, pensar bajar la edad de imputabilidad no regala otro horizonte que el del aumento de la franja de la desprotección y el olvido, reafirmando la condena y esquivando la inclusión.

La idea de un sistema penal juvenil pareciera responder a la lógica de “aislar y condenar, para curar y reinsertar”. Sin embargo, las políticas en nuestro país a diario reafirman que éste es un camino de ida, en donde el desinterés en verdaderas políticas sociales transforma el camino de regreso en un ideal construido de ilusiones. Podemos cambiar de nombres los sistemas o de títulos los procedimientos, pero mientras la naturaleza sea la misma, la continuidad del “orden” estará garantizada.

Muchos dicen que la cárcel o los institutos son un mientras tanto necesario hasta que se profundicen verdaderas políticas inclusivas. ¿Pero saben cuál es el problema? Que la Argentina es un país del mientras tanto. “Hasta que hagamos lo correcto nos conformemos con lo posible”. Pero sucede que lo correcto nunca llega y lo posible, mediocre y simplista, termina siendo más que el mientras tanto… el horizonte. Bajar la edad de imputabilidad es condenar a esos jóvenes, que no saben nada de la vida más que el mundo que los adultos le entregaron. Condenarlos con la culpa, y soslayando la responsabilidad de un sistema social que no sólo los desprotege sino que, como si fuera poco, los ubica en el ojo de la tormenta.

No hay que olvidarse de algo, muchos de aquellos que roban y que matan en la sociedad fueron, antes que victimarios, víctimas. Y eso es lo que todos pasamos por alto y en lo que nadie se ANIMA a detenerse. Trabajar este tema no requiere sólo nuevas política, requiere nuevas configuraciones de sentido, nuevas concepciones que tienen que ver con la construcción del pobre, del delincuente, de la inseguridad. Pensar que la inseguridad se combate con cámaras de seguridad en las esquinas como convencido sostiene Macri, es evidencia de lo poco que pensamos y de lo mucho que falta.

Ningún chico, en ninguna parte del mundo, nace fumando paco o con un revolver en la mano“, sostiene Alcira Argumedo paraLa Brújula. Es en la construcción social y en la configuración de las oportunidades donde olvidamos el link de la igualdad y damos pie a que, el paco y el revolver, sean las únicas herramientas a la vista.

Pero antes de hablar y de cerrar posiciones es necesario saber de qué estamos hablando y en qué contexto lo hacemos:

“Según una investigación de Unicef, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre un total de  1800 adolescentes menores de  18 años privados de libertad por causas  penales  en  el país,  el 17 %  (300 adolescentes)  son menores  de 16 años. Los datos indican que un 15 % de estos 1800 adolescentes está imputado de homicidio, lo que equivale a 270 casos. Dentro de este porcentaje, sólo 46 corresponderían a adolescentes de entre 14 y 15 años. Pero esa cifra es aún más baja, si se toma como referencia la cifra del total de homicidios dolosos que se cometen por año en nuestro país, alrededor de  2000 casos. De esa cantidad, en unos  200 participan menores de  18 años.  Y según declaró el director regional  de Unicef para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, en sólo 15 de esos 200 casos participan menores de 16 años”. (Menores en Conflicto con la Ley - ¿Responsabilidad Individual o del Estado?; La Brújula).

En definitiva, este tema amerita los replanteos y la voluntad de dejar de lado la simple comodidad y el interés personal. No están en juegos meras opiniones, sino la vida de cientos y miles de jóvenes que en silenciosos gritos piden ayuda. Porque, como dice Galeano:

En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. En las calles de las ciudades se celebran las ceremonias. Cada vez que un delincuente cae acribillado, la sociedad siente alivio ante la enfermedad que la acosa. El gran negocio del crimen y el miedo, sacrifica la justicia“.

+ Menores en conflicto. ¿Responsabilidad individual o del Estado? PDF de La Brújula Cooperativa de Comunicación

> Este autor es Columnista permanente de este Blog

La lucha simbólica por Luciano Arruga, desaparecido en democracia

In Malas Viejas on 3 febrero, 2011 at 1:19 PM

Se dice que la Justicia ampara a la policía bonaerense y que por eso la causa nunca avanzó. Se habla de testigos amenazados y que no son protegidos. Aquí la historia de Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, desaparecido en democracia. Excelente nota de Sandra Meyer.

Si Luciano Arruga se transformó en bandera del reclamo contra la represión policial e institucional, su hermana Vanesa Orieta es, sin duda, su abanderada. Dos años pasaron desde que apareció en la redacción con la denuncia desesperada de la desaparición de este joven de 16 años, que había sido visto por última vez moribundo en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Vanesa lleva ahora el pelo muy corto y ya no viste el trajecito-uniforme de la empresa en la que trabajaba.

Por estas horas su teléfono no para de sonar, protagoniza entrevistas, homenajes y actos varios por Luciano, donde habla del gatillo fácil y del reclutamiento policial de menores para delinquir. Sigue estudiando sociología y espera recibirse, aunque dice sentirse “desencantada y agotada del discurso armado de la universidad”.

Afirmó que los testigos clave del caso están amenazados y que los policías implicados están libres, sin imputación. Y describió cómo transformó el dolor en acción, la solidaridad que recibe, el trabajo barrial que armaron en la casa donde vivía Arruga para proteger a los pibes de la policía y las permanentes amenazas a su entorno.

–¿Nunca apareció el cuerpo de Luciano? ¿Ni siquiera rastros?

–Hubo peritajes con perros que dieron positivo. Hay dos testigos que lo vieron en la comisaría octava, el día que desaparece, que cuentan cómo fue golpeado toda la noche. Dejó huellas y por eso seguimos el camino de la sospecha que involucra a la policía del destacamento de Lomas del Mirador. No estábamos errados, la Justicia sigue la misma línea, pero aun así no encontró el cuerpo de Lu y continúa como un desaparecido en democracia.

–En el segundo aniversario de su desaparición, el caso de su hermano parece haberse transformado en un símbolo.

–Hay una problemática, un chico de un barrio pobre muere víctima del gatillo fácil, no es algo aislado, un policía loco, una manzana podrida. Nos acercamos a quienes también sufrieron desidia social, política y judicial, lo que nos ubica como grupo social. Somos personas pobres que tenemos que pelearla todos los días, y vamos perdiendo a nuestros familiares de las formas más violentas. Nos unimos desde el dolor para transformar eso en esperanza y seguir luchando. La actividad del 29 (recitales y actos en Lomas del Mirador) fue un espacio donde diferentes expresiones artísticas denunciaron lo mismo que nosotros, con referentes de derechos humanos, de partidos de izquierda, de familiares. Cuando no hay respuesta del poder político o judicial tenés que ganar la calle.

–¿Qué los une?

–Somos víctimas de la represión policial e institucional. Hoy la imagen de Luciano está en muchos lugares de denuncia y de lucha. El caso de Luciano tiene el agravante de que se trata de una desaparición forzada, pero lo que le pasó a mi hermano les pasa a un montón de jóvenes pobres de la villa, discriminados y criminalizados por dónde viven, cómo visten y su color de piel, que terminan siendo víctimas de la violencia policial. Con Luciano la policía perfeccionó su método: mató dentro de una comisaría a un chico de 16 años a los golpes y ocultó su cuerpo. Y la Justicia ampara esto, la causa estuvo paralizada los primeros 45 días, se perdieron pruebas que quizá nos hubieran permitido encontrar su cuerpo.

–¿En la causa no hay ningún resultado?

–No logramos que sean procesados los ocho policías implicados, siguen en funciones y están como testigos en la causa, que aún sigue caratulada como averiguación de paradero. Es grosero lo que ocurre, la Justicia busca apagarte, que no tengas fuerzas. Y esto sólo va a cambiar con la movilización. La sociedad sólo mira y los familiares quedan desamparados, enfermos y tristes peleando contra algo enorme como el aparato judicial.

–¿Así quedó su familia?

–No, encontramos mucho apoyo y gente solidaria, estamos rodeados de amigos y de hermanos. Y para transformar el dolor armamos una actividad en el barrio, en la casa de mi mamá empezamos a dar apoyo escolar, un espacio de contención para que los chicos vayan a pintar, a escuchar música, a aprender algo que les cueste en la escuela. Es en homenaje a Luciano y para el barrio 12 de Octubre, para que no vuelvan a aparecer grupos de policías cooptando pibes para mandarlos a robar, para que la gente empiece a participar, por eso vamos casa por casa para decirles que hay que hacer algo para que lo que le pasó a Luciano no les pase a sus hijos. Los chicos me cargan de otra energía, son muy alegres. Es solidaridad mutua, ellos nos hacen sentir menos tristes y nosotros les entregamos lo que podemos. Mucha gente se acercó conmovida y se desprendió de cosas. Una banda de rock de nuestra zona nos ayudó a transformar la casilla de mi mamá de una casa de material, con el baño que no tenía.

–¿Hubo testigos amenazados?

–Las amenazas son constantes. Una amiga sufrió la más grave, se la llevaron detenida mientras estaba volanteando con info de Luciano. Tocó mi puerta de madrugada, a mediados del año pasado, con un ataque de nervios, las muñecas lastimadas y golpes en el cuerpo. Quisieron obligarla a sacarse la ropa con varios policías alrededor, le pidieron plata para dejarla ir, le ofrecieron seguridad a cambio de estar con uno de ellos. Se denunció, pero es perder el tiempo ver un fiscal. A nosotros nos siguen en forma constante, un día quisieron entrar a casa de mi mamá y mis hermanos estaban sosteniendo la puerta. No entraron pero quieren generar miedo. Pretenden sacarte de tu eje, su odio es que seguimos en pie y denunciando.

–¿Y los testigos clave?

–Eran presos que siguen detenidos, han sufrido amenazas y la están pasando muy mal porque no tienen protección. Si realmente al ministro de Justicia y de Seguridad le interesara el caso los habrían protegido.

–¿Policías habían intentado reclutar a Luciano para cometer delitos?

–Nos contó que un grupo de policías que cometía delitos con jóvenes en el barrio intentó sumarlo diciéndole que iba a poder llevar plata a su casa. Luciano dijo que no y comenzaron a pararlo, le decían “vas a terminar en un zanjón” o “negro de mierda, tenés los días contados”. Lo detuvieron varias veces cuando estaba con su carrito de cartones o con los amigos. Las tres comisarías de la zona tuvieron roces con mi hermano. Ese 31 de enero lo empezamos a buscar y la sospecha surgió de inmediato. Luciano no tenía adicciones ni problemas con la familia. Las primeras palabras de los vecinos fueron “vimos cómo la policía paraba a un chico parecido a tu hermano cerca de la plaza”, a dos cuadras de la casa de mi mamá. Cuando fuimos al destacamento con cara de nada nos dijeron que no estaba ahí.

–¿Cuándo tuvieron la información contraria?

–A los 45 días se acercó una persona del barrio y me dijo que a Luciano lo habían detenido y golpeado, y que esta persona por la que él hablaba lo había visto casi muerto en el destacamento. Recién ahí se empezó a investigar a la policía, pero los implicados nunca estuvieron procesados.

–A veces las víctimas son ensuciadas. Se dijo que Luciano vendía droga para el padre o con él. ¿Quiere responder algo?

–Luciano fue abandonado desde muy chiquito por el padre, que vive en Córdoba y nunca se hizo cargo. Lu ni vendía ni tomaba droga. Pero el que dice eso avala que a un chico se lo haga desaparecer por vender droga en un barrio. Es muy grave.

–¿En estos dos años fueron recibidos por las autoridades?

–Me encantaría que nos reciba la Presidenta, y lo pedimos. Pero antes queremos que nos reciba el gobernador, que nos hizo esperar tres horas y luego nos derivó al ministro (Ricardo) Casal y a (el ex ministro de Seguridad Carlos) Stornelli. Y encima tuvimos que soportar que Stornelli nos gritara porque se sentía muy ofendido de que nosotros dijéramos que la policía manda a robar a los chicos del conurbano, que no iba a soportar esas mentiras. La reunión se tuvo que levantar, le gritó también a uno de nuestros abogados. Casal trató de relajar, pero todo fue patético. No están interesados en resolver esta problemática, los ves pidiendo más policía o bajar la edad de imputabilidad. La gente tiene sus derechos básicos violentados desde que nace, y encima la persigue la policía.

–El caso de Luciano visibilizó el reclutamiento de menores por parte de la policía para delinquir. ¿Hubo algún cambio?

–No, porque hay un profundo temor a meterse con la Bonaerense, nadie quiere tocarla, es una mafia con poder propio. Nos podemos cansar de enumerar delitos en los que participa la policía y todo eso se fue naturalizando. Nos reímos al decir que el gordo de la poli le pide plata al de la pizzería, y eso no es ni liviano ni simpático, así empezó todo. Acá no hay loquitos sueltos que cometen errores, son grupos organizados al servicio del delito, y un poder político que mira para otro lado.

–En lo personal, ¿cómo la cambió todo esto?

–Me aferro menos a las cosas materiales, quiero que la educación llegue adonde no está. Tengo ganas de dar vuelta todo, me siento con mucha fuerza. Estoy acompañada por gente que siente esta misma locura. Antes iba si había una causa justa pero no militaba. Hoy me convoca la causa de mi hermano y la de todos los chicos de los barrios que sufren la violencia de la policía. La causa de Luciano tiene que convertirse en una lucha simbólica.

 

Fuente: Página / 12

Sudáfrica, terror para las lesbianas

In Malas Viejas on 28 enero, 2011 at 12:32 PM

La violación correctiva se ha vuelto sistemática y extendida en Sudáfrica, en particular contra la comunidad lésbica, con más de diez nuevos casos de violación correctiva denunciados cada semana, sólo en Ciudad del Cabo.

Eudy Simelane, era considerada una de las más destacadas deportistas de Sudáfrica. Fue una de las primeras mujeres en declarar abiertamente su homosexualidad. - Agencias Agencia

Eudy Simelane era una de las estrellas del equipo nacional femenino de fútbol de Sudáfrica. También era lesbiana y fue una de las primeras mujeres en declarar abiertamente su orientación sexual, convirtiéndose en activista por los derechos de los homosexuales. En 2008, Simelane fue violada de forma tumultuaria (por un grupo), golpeada y apuñalada 25 veces. Su muerte hizo más público aún un crimen que se comete a diario contra las lesbianas en Sudáfrica y en otros países de Africa.

Estas mujeres están siendo víctimas de violaciones, generalmente en grupo, con la intención de “curarlas” de su “enfermedad”. Es así que a la semana, la policía sudafricana recibe por lo menos 10 denuncias de violaciones correctivas. Los violadores son generalmente liberados luego de pagar fianzas de apenas 10 dólares. La comunidad de lesbianas, los gays, los bisexuales y las personas transgénero (GBLT) vive aterrorizada en esta tierra llena de paradojas.

Reino del terror

Luleki Sizwe es una organización benéfica de Sudáfrica que trabaja para rescatar, apoyar, alimentar y cuidar la salud a las sobrevivientes de la violación correctiva. Fue fundada por Ndumie Funda en 2007, luego de que su pareja fuera víctima de una violación correctiva.

Esta fundación reporta que cada semana más de 10 lesbianas son violadas o ultrajadas por pandillas sólo en la localidad de Ciudad del Cabo. 150 mujeres son violadas cada día en Sudáfrica y en la última década 31 lesbianas han sido asesinadas a causa de su sexualidad. Cada año, aproximadamente 500 mujeres denuncian que han sido víctimas de violación correctiva.

Muy pocos casos son resueltos y castigados. Muchas de estas mujeres violadas han sido infectadas con VIH y/o han quedado embarazadas.

El sistema de justicia sudafricano es acusado de fallar a las víctimas al dejar libres a los autores con fianzas ridículamente bajas. Un ejemplo es lo sucedido cuando las autoridades sudafricanas liberaron a Andile Ngcoza, un hombre que violó, golpeó y estranguló a Millicent Gaika durante cinco horas para ‘hacerla heterosexual’.

Ngcoza fue puesto en libertad con una fianza de 60 rands, el equivalente a menos de 10 dólares.

Eso llevó a Ndumie Funda, quien había ayudado a Millicent Gaika a recuperarse de la violación y abogar por su caso, a pasar a la clandestinidad. Sin embargo, poco tiempo después, Millicent Gaika enfrentó a su violador en tribunales, en un acto de mucha valentía.

Lamentablemente, los violadores y las mujeres victimizadas a menudo se conocen entre sí. Los violadores son raramente castigados y las mujeres deben vivir con la probabilidad de ver cotidianamente a sus violadores o ser burladas y amenazadas por ellos después del ataque. A pesar que Sudáfrica tiene una constitución progresista, el odio y la intolerancia hacia las personas LGBT todavía es muy latente.

Paradoja cruel

Sudáfrica ha sido la primera nación en el mundo en considerar ilegal la discriminación basada en la orientación sexual, ha sido también el primer país africano en legalizar el matrimonio del mismo sexo y la primera república del mundo en garantizar a los ciudadanos de la comunidad GLBT, iguales derechos en todos los aspectos de la vida (incluyendo la adopción y el servicio militar), sin embargo los casos de violación correctiva han ido en aumento.

Y es que en este país, y en otros de este continente, hay una extendida creencia que considera la homosexualidad como algo ajeno a la comunidad africana. La afirmación de la ‘no africaneidad’ esconde un punto de vista moral y cultural que afirma que las sociedades africanas son de alguna manera únicas e inmunes a lo que se percibe como una importación occidental y europea. La denigración sistemática de la homosexualidad por varios dirigentes africanos en los últimos años ha impulsado estas percepciones, que están profundamente arraigadas en la cultura y la tradición.

La violación correctiva se utiliza para brutalizar a las mujeres por miembros del sexo opuesto como un medio para ‘corregir’ su orientación sexual. Esta práctica no sólo viola a las mujeres, sino que también las despoja de sus derechos humanos básicos consagrados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otras leyes internacionales, denuncia la fundación Luleki.

Tomar acción

La muerte de Simelane ha levantado protestas en todos los sectores de la sociedad. La condena de 32 años al principal instigador, sin embargo, se sigue considerando leve, pero es un mensaje para aquellos que aún no han sido aprendidos, y para que cesen la violaciones. La sentencia largamente esperada en el juicio por asesinato de la activista lesbiana y ex jugadora del Banyana Banyana, fue muy celebrada.

Khumbulane Magagula, Johannes Mahlangu y Themba Mvubu enfrentaron cargos de robo con circunstancias agravantes, violación y asesinato de Simelane. Thato Mphiti fue declarado culpable de los mismos delitos en febrero de 2009, con 32 años de prisión.

Pero la violación correctiva todavía no se considera un crimen de odio en Sudáfrica.

Actualmente, la organización Change.org reúne firmas para enviar al Ministro Rabede una petición para que la justicia sudafricana endurezca las penas contra los criminales y para exigir una reunión de este funcionario con la fundadora de Luleki Sizwe, Ndumie Funda. Al cierre de este artículo se había reunido más de cien mil firmas, convirtiendo esta petición en una de las más populares desde la creación de Change.org

El año pasado, ActionAid Reino Unido publicó, un análisis del contexto en el que vive la comunidad homosexual en varios países africanos, y en particular en Sudáfrica. (Ver en PDF)

La dramática situación se resume en las palabras de Tshidi, una lesbiana de 31 años, residente de Ciudad del Cabo: “En Sudáfrica los jueces envían a una mujer a la cárcel por robar un pedazo de pan para alimentar a su hijo, pero los hombres que violan a las mujeres, que asesinan a las lesbianas o golpean hasta la muerte a sus esposas, caminan en las calles como hombres libres.”  (Con datos de IPS, www.Change.org)

Fuente: Los Tiempos

¿Acceso a la cultura o pan y circo?

In Derecho a Replica, Exclusivos, Jorge on 14 diciembre, 2010 at 6:56 AM

Por Santiago Jorge

Este año, con motivo de los festejos por el Bicentenario, mas un nuevo aniversario del día de la Democracia y los Derechos Humanos, se han llevado a cabo en la cuidad de Buenos Aires y en distintas provincias diversos recitales libres y gratuitos, todos auspiciados por el Gobierno Nacional.

La nómina de los artistas no es para nada menor: Charly García, Andrés Calamaro, Fito Páez, León Gieco, Vicentico, Pablo Milanes, Calle 13, entre otros. Estuve pensando acerca de dichos eventos e invito al lector a participar:

¿Son modos de “achicar” las brechas que existen en el acceso a determinados bienes culturales, entre las diferentes clases sociales? Ó ¿Son medidas que solo tienden captar futuros votos indecisos? (método popularmente denominado “Pan y circo”).

¿Sirven para que la casi inexistente igualdad de oportunidades, se de aunque mas no sea en el ámbito cultural? Ó ¿Son ocasiones para que la viveza criolla actúe una vez mas y se cobren sobre-precios en las contrataciones? (no hace falta agudizar mucho el ingenio, basta una simple comunicación telefónica entre funcionario encargado y manager del artista, para que éste suba a discreción el “cachet”, con tal el dinero lo pone el Estado y no se recuperará ya que es gratuito).

Con los precios que tienen en la actualidad los libros, discos y las entradas a recitales, teatros y estadios de fútbol, se han vuelto asequible a unos pocos y prohibitivo para muchos. ¿Acaso ver a tu equipo, a tu banda o leer a tu autor preferido es también un problema reduccionista de oferta y demanda?

No quiero sonar demagógico ni iluso, pero es un derecho constitucional (Art 75,inc 22), reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 15), el cual ha sido aprobado y ratificado por la Argentina.

Así es como creo que con los nombrados espectáculos públicos, el Estado no hace más que cumplir con una obligación asumida, y quienes por razones económicas no pueden ir normalmente a ningún recital, se les da la posibilidad.

Quienes nunca pueden, pueden. ¿No es eso de lo que se nos habla en los manuales cuando se toca el tema “igualdad de oportunidades”?

Con respecto a los otros interrogantes, creo que el problema no es de la medida en si, veamos:

Si con dichos actos se intenta inducir a votar, creo se subestima al ciudadano y al pueblo soberano erróneamente, es pensar en algo muy remoto.

Con el tema de la corrupción que se puede dar, la falla no es de la decisión, sino del funcionario perverso que busca sacar provecho de ella.

¿Cuál es su opinión respecto a los innumerables recitales que ha fomentado y auspiciado el Gobierno?

Este autor es Columnista permanente de este Blog

Se presentó el “Acuerdo Democrático para el Cambio” del Código de Faltas

In Malas Viejas on 1 noviembre, 2010 at 7:24 AM

Por Gaby Socias

La resistencia que vienen sosteniendo sectores vulnerados de nuestra sociedad, que en la mayoría de los casos son jóvenes estigmatizados por sus condiciones físicas o económicas, conlleva la necesidad de promover un reclamo cada vez más urgente en cuanto a la modificación o derogación del Código de Faltas.

La realidad de su aplicación evidencia que muchas de las conductas que el Código castiga se contradicen con el pleno ejercicio de derechos contemplados en la Constitución Nacional, tratados internacionales y de Derechos Humanos.

Esa vaguedad o ambigüedad con las que están definidas muchas de sus figuras terminan por habilitar detenciones según la voluntad y el criterio policial.

Luego de un trabajo arduo por parte de organizaciones sociales, sindicales, políticas y barriales se presentó ayer en la Legislatura provincial el Acuerdo Democrático para el Cambio en materia de Faltas. Dicho documento es el resultado de un debate democrático realizado el pasado 24 de septiembre en la Facultad de Derecho, donde se sentaron las pautas mínimas que un cambio de la norma contravencional, debería cumplir.

Una vez que la sala Regino Maders se llenó de gente comenzaron a exponer sus puntos de vista quienes conformaron el heterogéneo y representativo panel.

Lucas Crisafulli, abogado adscripto a la cátedra de criminología, fue el encargado de conducir la disertación de los legisladores Roberto BirriAdela CoriaLiliana Olivero, como así también de “el Bichi” Luque del Colectivo de Jóvenes por nuestros derechos, Eugenia Aravena, secretaria general de Asociación de Mujeres Meretrices (Ammar) y de la diputada nacional Cecilia Merchán.

Fundamentos para la modificación del Código

Antes de darle la palabra a los panelistas, Crisafulli señaló que los problemas actuales no se solucionan con modificar o derogar el Código de Faltas, ya que el conflicto no se da por una cuestión estrictamente de leyes, sino de prácticas. Aludiendo con esto, a que no hay que quedarse con la idea del jurista ingenuo que piensa que todos los problemas se pueden solucionar a partir de las leyes.

Existe una gran distancia entre la ley y su verdadero cumplimiento. Entonces, que exista un Código de Faltas en la provincia de Córdoba que sea coherente con la Constitución Nacional es una condición necesaria, aunque no suficiente, concluyó el abogado.

En consonancia con dicha afirmación, el Legislador Socialista presidente de Bloque del Frente Cívico y Social, Roberto Birri consideró que para cambiar la situación hay que pretender ir más allá de un consenso político. Lo que hace falta es una legitimación social de la necesidad de tener y aplicar nuevas normas en materia de Faltas, propuso.

Por otra parte Birri, quien escribió un proyecto de ley aún no presentado que modifica el Código vigente, planteó que dentro del campo parlamentario cuando se mira desde la vereda de la oposición, como es su caso, siempre hay un escenario de lo deseable y un escenario de lo posible. Y aseguró:

“Aunque hoy lo que se desee es que no haya un Código de Faltas, las condiciones políticas y sociales ameritan que se tenga que trabajar en una dirección distinta, en una modificación integral, porque ese es el escenario posible que nos va a permitir entrar en un debate parlamentario”.

No obstante, más allá de la polémica de modificar o derogar el Código, Birri insistió en la inconstitucionalidad de la norma, ya que afecta de manera directa a la tripartición de poderes. Para explicar esto citó a Horacio Etchichurry, también presente en la sala, quien en su libro El Código de Faltas comentado habla sobre esa competencia que tiene el Código de permitir presos sin abogados y sentencia sin jueces.

Por último, el legislador dejó en evidencia la necesidad de cambiar figuras que son emblemáticas, como la del “merodeo” o “prostitución escandalosa”. Agregó además, el pedido de reducir a cero las posibilidades direccionales que puede tener la Policía para actuar de manera arbitraria.

Luego de la disertación de Birri la palabra fue cedida a la legisladora socialista Adela Coria, quien hizo un profundo análisis de las razones por las cuales seguía vigente el mismo Código desde el año 1994. Recordó lo que el Ministro de Gobierno Carlos Caserio había dicho tiempo atrás: “En nombre de las políticas de seguridad es imprescindible ese Código de Faltas”.

Para Coria esta enunciación dejó en claro que el actual Código responde a políticas de seguridad que están claramente delimitadas y concientemente propuestas. “Puede verse a su vez como una herramienta para mantener el status quo de un aparato policial con un sesgo altamente autoritario” sostuvo el Legislador Roberto Birri sobre el Código, durante uno de los debates anteriores.

Por su parte, la legisladora de la Alianza Izquierda Socialista, Liliana Olivero afirmó que cada vez más la aplicación de este Código de Faltas va profundizando la exclusión social, la estigmatización y la criminalización de la pobreza. Lo que hace pensar en la prioridad que significa que el trabajo colectivo de las organizaciones sociales junto con los legisladores crezca para cambiar esta realidad.

Identidades perseguidas, identidades en riesgo

Tras haber pasado más de media hora del acto de presentación del Acuerdo Democrático, por fin había llegado el momento de escuchar a quienes viven en carne propia las injusticias del Código de Faltas. Con la melodía de una tonada cordobesa inconfundible y una mirada realmente comprometida, “el Bichi” Luque, uno de los cinco jóvenes que desde hace cuatro años luchan desde el Colectivo de Jóvenes por nuestros derechos, emocionó a todo el auditorio con esa sencilla manera de contar la realidad desde donde la vive.

“Cuando venía para la Legislatura pensaba en todos los chicos que se quedan en el barrio porque no pueden entrar al centro, o en los que están siendo detenidos en este mismo momento por portación de rostro”. Para ellos el Código además de atropellar sus derechos, destruye su identidad. “Nosotros consideramos a la identidad como algo fundamental, y por no pertenecer a un estereotipo tal, para no caer detenido tenemos que cambiar”.

“El Bichi” terminó de hablar y dejó en la sala una atmósfera de profundo silencio y reflexión. Esa reflexión que invade sólo cuando logramos ponernos en el lugar del otro y nos quedamos mudos emocionados pensando.

Luego, le tocó el turno de dar su opinión a la Secretaria General de Ammar. Eugenia Aravena relató los estragos que viven a diario trabajadoras sexuales por el polémico artículo 45 que permite castigar la prostitución que la Policía considere “escandalosa”.

“Si bien los prostíbulos están prohibidos en nuestro país, en Córdoba hay más de cien. Allí puertas adentro, la Policía no entra a reprimir, sino que castiga puertas afuera. Esto nos obliga a terminar trabajando dentro de un prostíbulo para evitar el maltrato policial bajo las órdenes de alguien que jamás será castigado”.

Antes de leer los puntos del Acuerdo Democrático para el cambio en materia de Faltas, tomó la palabra la Diputada Nacional del Proyecto Sur, Cecilia Merchán quien se mostró en total adhesión a las realidades que antes habían expuesto “el Bichi” y Eugenia junto con los Legisladores. A modo de conclusión Merchán dijo que lo que está generando el Código es una especie de pantalla que se ocupa de castigar a quienes no hay que castigar y no castiga a quienes si tiene que hacerlo.

El acto de presentación del Acuerdo Democrático organizado por la Fundación Observatorio Constitucional y Derechos Humanos (FocyDH), la Asociación por los Derechos Civiles (ADCF) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) iba llegando a su fin pese a que dicha presentación marcaba el comienzo de un camino largo en el ámbito de lo parlamentario que el Código deberá afrontar. Luego de leer la totalidad de los puntos del documento que entre mañana y pasado será remitido a la Unicameral, Horacio Etchichurry procedió a mencionar a todas las organizaciones que apoyaron el Acuerdo, la lucha por el cambio del Código de Faltas dio un paso importante.

Código de Faltas una visión crítica

Fuente: Cba Noticias

Acuerdo Democrático para derogar el Código de Faltas en Córdoba

In Malas Viejas on 25 octubre, 2010 at 2:58 PM

Córdoba cuenta con un Código de Faltas aprobado en 1994 bajo la ley número 8431, que habilita a las autoridades policiales a castigar determinadas conductas consideradas “faltas”, que perjudicarían la vida cotidiana y la buena convivencia.

La realidad de su aplicación evidencia que muchas de las conductas que el Código castiga se contradicen con el pleno ejercicio de derechos contemplados en la Constitución Nacional y en tratados de Derechos Humanos. La vaguedad o ambigüedad con las que están definidas muchas de sus figuras terminan por habilitar detenciones según la voluntad y el criterio policial.

Gracias a la figura de “merodeo” y “prostitución escandalosa”, durante el año 2009, la Policía detuvo a  más de 54 mil personas en toda la provincia, según un informe presentado por el Poder Ejecutivo. De ese total de arrestados, un 70% fueron jóvenes. Según estas cifras, cada diez minutos alguien es detenido en la provincia por ser considerado un “contraventor”.

A su vez, el Código deja entrever sus rasgos de inconstitucionalidad, ya que permite que la Policía pueda juzgar y castigar sin la intermediación de abogados ni jueces, ni la necesidad de una denuncia previa.

Desde hace tiempo organizaciones sociales, legisladores y profesionales de distintos ámbitos, vienen trabajando la posible derogación o modificación del actual Código contravencional que tanto perjudica a jóvenes estigmatizados y vulnerados de Córdoba.

Con motivo de difundir el reclamo y como resultado de una serie de debates y charlas, este martes 26 de Octubre a las 18.30 horas, en la Sala Regino Maders de la Legislatura provincial, ubicada en Deán Funes 96, se presentará el Acuerdo Democrático para el Cambio en materia de Faltas. El mismo, es un documento firmado por un conjunto de organizaciones sociales que fijan los principios básicos que ellas exigen para cambiar el derecho de Faltas en Córdoba.

El acto contará con la presencia de un panel conformado por los Legisladores provinciales Roberto Birri y Adela Coria, la Diputada Nacional Cecilia Merchán,  Eugenia Aravena como Secretaria General de Ammar y Bichi Luque del Colectivo de Jóvenes por nuestros derechos.

Si bien el Acuerdo está abierto a nuevas adhesiones, al finalizar la presentación el documento será entregado a la Unicameral.

Para mas información contactar a Gabriela Socias

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