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Litio en Jujuy: Voces a favor y en contra

In Malas Viejas on 30 noviembre, 2010 at 10:00 AM

Por José Luis Politi

desde Jujuy

El pasado 16 de noviembre, la Comunidad de Santa Ana de la Puna, del departamento jujeño de Cochinoca, presentó en el Juzgado de Minas un acta-documento en el que expresa su rechazo a lo que calificaron como “mega emprendimientos mineros”.

Los descendientes de los pueblos originarios, alegando derechos constitucionales, rechazan la explotación de litio en los salares, la oferta de cualquier compensación económica y exigen la nulidad de todo proyecto minero a gran escala que ya esté funcionando y los futuros emprendimientos.

El documento presentado en el Juzgado de Minas fue consensuado en el marco de la Mesa de Pueblos Originarios conformada en agosto pasado con el objetivo de fortalecer la oposición de las comunidades de la Puna a la posible explotación de Litio en las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc.

En tanto, otro grupo de comunidades de Jujuy y Salta, representados por la abogada Alicia Chalabe, está trabajando en la presentación de un recurso de amparo directamente ante la Corte Suprema de la Nación.

Los pobladores de la Puna se apoyan en informaciones y estudios que muestran que la extracción de litio requeriría el bombeo de miles de litros de agua al día de los mantos subterráneos de los salares, que luego son evaporados para obtener el mineral, lo que redundaría en un consumo diario de entre 33 y 35 millones de litros de agua dulce.

Reinvindicando esas regiones como ancestrales fuentes de trabajo, los pobladores originarios de 18 comunidades comenzaron a organizarse cuando surgieron los primeros rumores de que se instalarían compañías extranjeras en las zonas de los salares para extraer litio.

Frente a la confirmación de esos datos, presentaron pedidos de informes al Juzgado Administrativo de Minas de la provincia, donde están asentados cuatro pedimentos de explotación de litio en la región, que estarían aprobados ya por el gobierno de Walter Barrionuevo.

Los trámites dan cuenta de cuatro pedimentos: de la australiana Orocobre Limited, asociada a Toyota (53.000 hectáreas en Olaroz); de la canadiense Dajin Resources Corp. (130.000 hectáreas en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc); de la canadiense Lithium Americas Corp, asociada a Mitsubishi (34.628 hectáreas en Cauchari y Olaroz), y de Rodinia Lithium (4.500 hectáreas).

En total, habría algo más de 220 mil hectáreas afectadas para la explotación de litio en la puna jujeña. De estos cuatro pedimentos, sólo el de Orocobre está en marcha. En enero pasado se hizo pública la iniciativa de la automotriz Toyota para la extracción de litio en Jujuy, a través de la minera australiana Orocobre, en el Salar de Olaroz.

En su presentación ante la Secretaría de Minería de la Nación, Orocobre estima que la inversión final del proyecto alcanzaría los 400 millones de pesos, y que crearía entre 160 y 200 puestos de trabajo directos, y prometió que esa cifra llegaría al millar sumando los puestos indirectos. El plan prevé el inicio de las tareas extractivas para 2012.

La firma australiana estima un potencial de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio (unos 72 millones de dólares) y 36.000 toneladas anuales de potasio.

En enero de 2010, Orocobre estableció un convenio con Toyota Tusho, una compañía del grupo Toyota, para desarrollar el proyecto Olaroz. Toyota Tusho provee 4,5 millones de dólares para financiar el estudio definitivo de factibilidad, que se espera esté completo en 2011.

En ese momento, Toyota Tusho adquirirá el 25% del emprendimiento. Toyota lidera a nivel mundial la producción de automóviles con motores híbridos de nafta y electricidad.

¿Por qué litio?

El litio es un insumo clave en la fabricación de baterías de ion de litio, que son las que se usan en teléfonos celulares, notebooks y otros artículos electrónicos. El mercado mundial de baterías de ion de litio para autos viene experimentando un crecimiento descomunal: de 32 millones de dólares en 2009, se estima que superará los 21 mil millones en 2015 y los 74 mil millones para 2020.

El triángulo formado entre el norte de Chile (salares de Atacama), sur de Bolivia (Salar de Uyuni) y la región de la Puna en Argentina (que comprende las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy), alberga las principales reservas de litio en el mundo. En esta última zona de la puna argentina, todos los salares están ya concesionados, a través de diversos convenios ligados a distintas formas de explotación.

Se calcula que solamente el Salar de Uyuni concentra la mitad de las reservas de litio del mundo. Según datos de 2008, Argentina produce 3.200 toneladas anuales, ubicándose en el tercer lugar después de Chile y Australia.

La legislación argentina no establece ningún tipo de restricciones para las concesiones a empresas extranjeras en el campo de la explotación minera.

Dudas y críticas

Sectores ambientalistas y ligados a comunidades originarias del norte argentino llaman la atención sobre las consecuencias negativas que tendría la extracción del litio de los salares.

El litio es altamente inflamable y explosivo cuando se expone al aire y al agua. Por lo tanto, es muy peligroso su transporte. Tanto, que varios sindicatos de aviación en Europa y Estados Unidos pidieron que se prohíba el transporte de baterías de litio en los aviones.

Por otra parte, la extracción de litio de los salares requiere el bombeo de miles de litros de agua al día, que se evaporan para obtener el mineral.

Si bien los estudios no proveen información precisa sobre esta cuestión, la experiencia ya está demostrando que las preocupaciones no son injustificadas: la planta que ya está operando la canadiense Marifil en Catamarca consume entre 30 y 40 litros de agua por segundo, y por día unos 3 millones de litros.

En enero pasado, al conocerse públicamente el inicio de los trabajos en el salar de Olaroz, algunas voces provenientes del ámbito técnico y académico alertaron sobre los problemas que podría acarrear el emprendimiento.

Rodolfo Tecchi, miembro del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica, advirtió sobre las condiciones desfavorables para la provincia: “Es como si nosotros tuviéramos el único alimento disponible para las gallinas de los huevos de oro para los próximos quince años y nos pusiéramos contentos porque el dueño de las aves nos quisiera comprar el producto. Acá hay mucho en juego y lo que se debería concretar es una asociación mucho más ambiciosa y conveniente para Jujuy. Deberían traer alguna de las gallinas a Jujuy y compartir el desarrollo”, declaró a medios locales.

En este sentido, reclamó que el gobierno provincial trabaje en la radicación de industrias con tecnología de punta, en las que aplicar el uso de las sales de litio.

Por otra parte, llamó la atención sobre el posible impacto ambiental que tendría la explotación de Olaroz, sobre todo en lo referido a la provisión del agua necesaria para el proceso: “No sabemos si las empresas interesadas en la extracción están dispuestas a resignar buena parte de sus eventuales ganancias para preservar el ambiente y compensar a la Provincia por el consumo de un recurso tan crítico como el agua, más allá del exiguo 3% que pagarían en concepto de regalías, ya que hace tiempo a algún iluminado se le ocurrió disminuir este impuesto”.

Política de Estado

El gobierno de la provincia de Jujuy ha encarado un plan minero estratégico, en cuyo marco creó la sociedad anónima Jujuy Energía y Minería (JEMSA), con participación estatal mayoritaria, a la que también se oponen las comunidades de la Puna que presentaron un documento de rechazo ante el Juzgado de Minas.

De todos modos, la existencia real de esta empresa se limita hoy a un anuncio de Barrionuevo, cuando se inicio el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura local, ya que, en palabras del Director de Minería y recursos Energéticos, Martín Sánchez, “hay un expediente que está durmiendo el sueño de los justos”.

Según Sánchez, el objetivo del gobierno provincial es encarar un proceso de industrialización en Jujuy, en complementación con un proyecto de ley de radicación de parques industriales, para convertir materia prima en producto con valor agregado.

El principal objetivo del gobierno de Walter Barrionuevo es “facilitar la inversión privada y reducir para el inversor los riesgos relacionados con la actividad minera”, para lo cual promete, entre otras condiciones, “regímenes fiscales que provean un retorno adecuado a los inversores y una participación justa al gobierno, y acceso al intercambio con el exterior a tasas razonables, para la repatriación de dividendos así como para las necesidades operativas”.

Fuente: Notio Foto: El Libertario

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