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Litio en Jujuy: Voces a favor y en contra

In Malas Viejas on 30 noviembre, 2010 at 10:00 AM

Por José Luis Politi

desde Jujuy

El pasado 16 de noviembre, la Comunidad de Santa Ana de la Puna, del departamento jujeño de Cochinoca, presentó en el Juzgado de Minas un acta-documento en el que expresa su rechazo a lo que calificaron como “mega emprendimientos mineros”.

Los descendientes de los pueblos originarios, alegando derechos constitucionales, rechazan la explotación de litio en los salares, la oferta de cualquier compensación económica y exigen la nulidad de todo proyecto minero a gran escala que ya esté funcionando y los futuros emprendimientos.

El documento presentado en el Juzgado de Minas fue consensuado en el marco de la Mesa de Pueblos Originarios conformada en agosto pasado con el objetivo de fortalecer la oposición de las comunidades de la Puna a la posible explotación de Litio en las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc.

En tanto, otro grupo de comunidades de Jujuy y Salta, representados por la abogada Alicia Chalabe, está trabajando en la presentación de un recurso de amparo directamente ante la Corte Suprema de la Nación.

Los pobladores de la Puna se apoyan en informaciones y estudios que muestran que la extracción de litio requeriría el bombeo de miles de litros de agua al día de los mantos subterráneos de los salares, que luego son evaporados para obtener el mineral, lo que redundaría en un consumo diario de entre 33 y 35 millones de litros de agua dulce.

Reinvindicando esas regiones como ancestrales fuentes de trabajo, los pobladores originarios de 18 comunidades comenzaron a organizarse cuando surgieron los primeros rumores de que se instalarían compañías extranjeras en las zonas de los salares para extraer litio.

Frente a la confirmación de esos datos, presentaron pedidos de informes al Juzgado Administrativo de Minas de la provincia, donde están asentados cuatro pedimentos de explotación de litio en la región, que estarían aprobados ya por el gobierno de Walter Barrionuevo.

Los trámites dan cuenta de cuatro pedimentos: de la australiana Orocobre Limited, asociada a Toyota (53.000 hectáreas en Olaroz); de la canadiense Dajin Resources Corp. (130.000 hectáreas en Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc); de la canadiense Lithium Americas Corp, asociada a Mitsubishi (34.628 hectáreas en Cauchari y Olaroz), y de Rodinia Lithium (4.500 hectáreas).

En total, habría algo más de 220 mil hectáreas afectadas para la explotación de litio en la puna jujeña. De estos cuatro pedimentos, sólo el de Orocobre está en marcha. En enero pasado se hizo pública la iniciativa de la automotriz Toyota para la extracción de litio en Jujuy, a través de la minera australiana Orocobre, en el Salar de Olaroz.

En su presentación ante la Secretaría de Minería de la Nación, Orocobre estima que la inversión final del proyecto alcanzaría los 400 millones de pesos, y que crearía entre 160 y 200 puestos de trabajo directos, y prometió que esa cifra llegaría al millar sumando los puestos indirectos. El plan prevé el inicio de las tareas extractivas para 2012.

La firma australiana estima un potencial de producción de 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio (unos 72 millones de dólares) y 36.000 toneladas anuales de potasio.

En enero de 2010, Orocobre estableció un convenio con Toyota Tusho, una compañía del grupo Toyota, para desarrollar el proyecto Olaroz. Toyota Tusho provee 4,5 millones de dólares para financiar el estudio definitivo de factibilidad, que se espera esté completo en 2011.

En ese momento, Toyota Tusho adquirirá el 25% del emprendimiento. Toyota lidera a nivel mundial la producción de automóviles con motores híbridos de nafta y electricidad.

¿Por qué litio?

El litio es un insumo clave en la fabricación de baterías de ion de litio, que son las que se usan en teléfonos celulares, notebooks y otros artículos electrónicos. El mercado mundial de baterías de ion de litio para autos viene experimentando un crecimiento descomunal: de 32 millones de dólares en 2009, se estima que superará los 21 mil millones en 2015 y los 74 mil millones para 2020.

El triángulo formado entre el norte de Chile (salares de Atacama), sur de Bolivia (Salar de Uyuni) y la región de la Puna en Argentina (que comprende las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy), alberga las principales reservas de litio en el mundo. En esta última zona de la puna argentina, todos los salares están ya concesionados, a través de diversos convenios ligados a distintas formas de explotación.

Se calcula que solamente el Salar de Uyuni concentra la mitad de las reservas de litio del mundo. Según datos de 2008, Argentina produce 3.200 toneladas anuales, ubicándose en el tercer lugar después de Chile y Australia.

La legislación argentina no establece ningún tipo de restricciones para las concesiones a empresas extranjeras en el campo de la explotación minera.

Dudas y críticas

Sectores ambientalistas y ligados a comunidades originarias del norte argentino llaman la atención sobre las consecuencias negativas que tendría la extracción del litio de los salares.

El litio es altamente inflamable y explosivo cuando se expone al aire y al agua. Por lo tanto, es muy peligroso su transporte. Tanto, que varios sindicatos de aviación en Europa y Estados Unidos pidieron que se prohíba el transporte de baterías de litio en los aviones.

Por otra parte, la extracción de litio de los salares requiere el bombeo de miles de litros de agua al día, que se evaporan para obtener el mineral.

Si bien los estudios no proveen información precisa sobre esta cuestión, la experiencia ya está demostrando que las preocupaciones no son injustificadas: la planta que ya está operando la canadiense Marifil en Catamarca consume entre 30 y 40 litros de agua por segundo, y por día unos 3 millones de litros.

En enero pasado, al conocerse públicamente el inicio de los trabajos en el salar de Olaroz, algunas voces provenientes del ámbito técnico y académico alertaron sobre los problemas que podría acarrear el emprendimiento.

Rodolfo Tecchi, miembro del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica, advirtió sobre las condiciones desfavorables para la provincia: “Es como si nosotros tuviéramos el único alimento disponible para las gallinas de los huevos de oro para los próximos quince años y nos pusiéramos contentos porque el dueño de las aves nos quisiera comprar el producto. Acá hay mucho en juego y lo que se debería concretar es una asociación mucho más ambiciosa y conveniente para Jujuy. Deberían traer alguna de las gallinas a Jujuy y compartir el desarrollo”, declaró a medios locales.

En este sentido, reclamó que el gobierno provincial trabaje en la radicación de industrias con tecnología de punta, en las que aplicar el uso de las sales de litio.

Por otra parte, llamó la atención sobre el posible impacto ambiental que tendría la explotación de Olaroz, sobre todo en lo referido a la provisión del agua necesaria para el proceso: “No sabemos si las empresas interesadas en la extracción están dispuestas a resignar buena parte de sus eventuales ganancias para preservar el ambiente y compensar a la Provincia por el consumo de un recurso tan crítico como el agua, más allá del exiguo 3% que pagarían en concepto de regalías, ya que hace tiempo a algún iluminado se le ocurrió disminuir este impuesto”.

Política de Estado

El gobierno de la provincia de Jujuy ha encarado un plan minero estratégico, en cuyo marco creó la sociedad anónima Jujuy Energía y Minería (JEMSA), con participación estatal mayoritaria, a la que también se oponen las comunidades de la Puna que presentaron un documento de rechazo ante el Juzgado de Minas.

De todos modos, la existencia real de esta empresa se limita hoy a un anuncio de Barrionuevo, cuando se inicio el periodo de sesiones ordinarias de la legislatura local, ya que, en palabras del Director de Minería y recursos Energéticos, Martín Sánchez, “hay un expediente que está durmiendo el sueño de los justos”.

Según Sánchez, el objetivo del gobierno provincial es encarar un proceso de industrialización en Jujuy, en complementación con un proyecto de ley de radicación de parques industriales, para convertir materia prima en producto con valor agregado.

El principal objetivo del gobierno de Walter Barrionuevo es “facilitar la inversión privada y reducir para el inversor los riesgos relacionados con la actividad minera”, para lo cual promete, entre otras condiciones, “regímenes fiscales que provean un retorno adecuado a los inversores y una participación justa al gobierno, y acceso al intercambio con el exterior a tasas razonables, para la repatriación de dividendos así como para las necesidades operativas”.

Fuente: Notio Foto: El Libertario

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Doble moral en Chile

In Derecho a Replica on 15 octubre, 2010 at 10:10 AM

Por Javier M. Lavin

De las tinieblas a la luz. Tras setenta días bajo tierra, los treinta y tres mineros chilenos que han logrado sobrevivir a 700 metros de profundidad  han sido, por fin, rescatados. Su historia ha mantenido en vilo al mundo entero y hoy son considerados héroes. Han batido un récord de supervivencia y han dado una lección de entereza, propia de personas acostumbradas a la adversidad y al trabajo duro en un entorno, en muchas ocasiones, hostil.

Sus familias han protagonizado una dura batalla y su lucha ha permitido, en gran medida,  el desenlace final.  Hasta hace setenta días eran sólo mineros, con un sueldo de apenas 900 euros (algo mas de 1.200 u$s) y ahora, en cambio, son tratados como estrellas mediáticas,  con espacio propio en todos los medios de comunicación, que con la misma celeridad con la que les han aupado a la fama les dejarán caer cuando su drama no venda y el olvido se imponga.

Siendo sincero, debo reconocer que he seguido este caso con un sabor agridulce. No sé por qué pero creo que la situación de los treinta y tres mineros ha sido, al menos en parte, utilizada políticamente por el Gobierno de Chile para exaltar el espíritu patriótico y los mass media han apostado por explotar la vena humana, obviando las condiciones de trabajo en las minas, la explotación de quienes no tienen más alternativa laboral y la desidia de los responsables de estos yacimientos.

Ojalá toda esta situación permita tomar conciencia de lo que significa bajar a diario a la mina, los riegos que conlleva, los accidentes que se registran  y los abusos que los dueños de estas empresas cometen. La compañía San Esteban, propiedad de la mina San José, se ha declarado en bancarrota para evitar el pago de las nóminas atrasadas y el finiquito a sus casi 300 empleados, entre ellos los treinta y tres rescatados.

Sus responsables están acusados de faltas graves de seguridad e irregularidades en  la previsión social  y normativa laboral. La justicia les ha retenido más de 1.7000.000 euros para hacer frente a las deudas contraídas con los trabajadores ya despedidos.

El accidente nos ha pemitido conocer la despesperación de los mineros,  pero, con toda seguridad, este sentimiento no es nuevo ni para ellos, ni para sus familias. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, tiene ahora ante sí el reto de tomar medidas para que hechos como éstos no se repitan, las condiciones laborales de los mineros y el conjunto de trabajadores de su país sean justas y los salarios dignos.

Si es así, la tragedia habrá servido para algo; en caso contrario, quedará en el olvido y sus protagonistas  sentirán que los abrazos y las proclamas eran sólo gestos de cara la galería, buscando la foto y el rédito político y electoral.

El mundo entero ha sufrido ante las imágenes de la mina San José y el campamento Esperanza, montado por sus familias, pero poco saben que en los últimos diez años 373 mineros han perdido la vida en los yacimientos.

El Gobierno de Chile no les lloró, tal vez porque no daban votos o porque eran cómplices de los excesos y las imprudencias cometidas por los responsables de las explotaciones.  Las empresas como siempre buscan rentabilidad y dan la espalda a la seguridad y la calidad del empleo.  Lo han hecho en el pasado y lo harán en el futuro cuando los ecos de lo ocurrido se apaguen, las cámaras de televisión vuelvan a sus estudios y, una vez más, nadie les pida cuentas.

Esta tragedia, por desgracia, no tendrá final feliz.

Fuente: Blog del autor

Desterrando mitos sobre la minería

In Derecho a Replica, Exclusivos on 29 septiembre, 2010 at 8:52 AM

Por Exequiel Carrizo

A raíz de la tan cuestionada Ley de protección de glaciares, salieron a la luz varios fantasmas a saber sobre esta “nueva” actividad minera en Argentina.

En realidad la minería se instaló  alla por año 1850, cuando Domingo F. Sarmiento siendo gobernador de la provincia de San Juan ordenó a realizar una inspección de todos los yacimientos de minerales en dicha provincia, más tarde lo haría sobre toda la República Argentina, como Presidente.

A continuación me gustaría aclarar algunos conceptos para que el lector pueda saber de qué estamos hablando.

Entonces, ¿qué es la minería? ¿Para qué  nos sirve?

Básicamente la minería es la obtención selectiva de los minerales y otros materiales de la corteza terrestre. Algunas industrias que están relacionadas con esta actividad son: la sal común, la fabricación de azúcar, los utensilios de cocina se utilizan metales como: Hierro, Aluminio, Cobre; Grafito, la mina del lápiz, la cal, en la fabricación del papel, entre otras.

¿Explotación a cielo abierto?

Mina en forma escalonada.

La explotación de minas a cielo abierto son excavaciones en la superficie, por ello no tienen techo como podríamos decir de las minas de carbón. Para poder explotar la materia útil, previamente se deben eliminar las rocas estériles del recubrimiento.

El yacimiento trabajado a Cielo Abierto se divide en bancos horizontales sucesivos descendentes, explotados con el avance de los bancos superiores de los inferiores. Por eso, los bordes de cada banco tienen forma escalonada.

La gran duda: El cianuro

Cianuro” es un término genérico que se aplica a un grupo de sustancias químicas que contienen carbono y nitrógeno y que pueden encontrarse en el mundo en forma natural o producidas por el hombre.

El cianuro es una sustancia que es tóxica si se la ingiere o inhala en cantidades mayores al límite permisible por el organismo. Esto también sucede con muchas sustancias que se utilizan en procesos industriales modernos. El conocimiento, los procedimientos adecuados de manipulación y una actitud responsable son fundamentales para el uso seguro y beneficioso del cianuro.

¿Para qué se usa en la minería?

Se usa para extraer el oro (y la plata) de los minerales que lo contienen por medio de un proceso denominado Lixiviación. Se aplica cuando la concentración del oro dentro del mineral es baja y no puede extraerse mediante procesos físicos simples como la separación por gravedad.

En la actualidad, 90% de las minas de oro del mundo (más de 400) utilizan cianuro. No existe una sustancia que pueda reemplazarlo, con respecto a eficiencia y seguridad, en el proceso de extracción del oro. Cabe aclarar que el uso del cianuro también está relacionado con el tipo de roca en que se encuentra el metal precioso, por lo que también es otro motivo al que lleva usar esta forma de extracción y separación.

Proceso de Lixiviación.

¿Cómo se controlan los riesgos de su uso en la minería?

La peligrosidad potencial del cianuro está ligada a su concentración. Existe naturalmente una pequeña cantidad de cianuro en el ambiente (en el aire, en el agua y en el suelo), que es perfectamente tolerada por los seres vivos.

El cianuro es uno de los pocos reactivos que disuelven el oro en agua. Generalmente se utiliza el sistema de extracción de oro mediante una solución que tiene una concentración muy baja de cianuro de sodio, 0,05 por ciento (0,5 gramos de cianuro por litro de agua), lo que es igual a disolver una pizca de sal en un litro de agua.

Contenedores de Cianuro.

Esta concentración es la mínima requerida para lograr disolver el oro y otros metales que se encuentran en pequeñas proporciones en el mineral. Este proceso se conoce como lixiviación.

Debido a su potencial toxicidad, la producción, transporte y uso de cianuro despiertan temores comprensibles. Por eso existen normas internacionales que regulan todas estas instancias dentro del proceso de extracción del oro (Código Internacional de Manejo del Cianuro).
El transporte del cianuro se realiza bajo la forma de cianuro de sodio sólido, lo que reduce al mínimo el riesgo de contaminación en caso de accidente.

> En Europa se rechaza el uso del Cianuro

¿Y el uso del agua?

Creo que en este punto ha sido donde mayor se ha hecho énfasis en las conversaciones sobre la minería. Escuchando barbaridades en los medios de comunicación, como también así de varias ONG’s desinformadas sobre el uso que se utiliza del agua dedicada a esta actividad, como también así su procedencia, me detengo en este punto para aclarar algunos conceptos.

Según el Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan, en el proyecto Veladero, el consumo de agua está limitado a 110 litros por segundo. El consumo medio actual es menor a 70 litros por segundo. El agua de la operación es extraída del río Taguas y de pozos.

El consumo del agua que se da en Veladero puede acotarse a :

  • Uso de agua para Riego / Agua para Perforación (Operación Mina)
  • Agua para consumo del Personal (Administración de Campamento)
  • Preparación de Solución Cianurada (Procesos)
  • Consumo de Agua para Mantenimientos de Equipos (Mantenimiento)

¿Cómo es el tratamiento del agua que se utiliza?

La planta de tratamientos recibe los líquidos provenientes de toda la operación, además se miden diferentes parámetros que luego es necesario controlar (Nitrógeno, Ph, dbo, dqo, sólidos etc.)

Se separan los sólidos de los líquidos, los sólidos son tratados como un residuo peligroso y son bajados a San Juan por un operador habilitado. Los líquidos son tratados por medio de agentes químicos, con el objetivo de dejar el agua con las condiciones más similares posibles a una extracción de agua de pozo.

El agua tratada es re infiltrada a una napa freática por medio de los lechos de infiltración.

Minería y comunicación: una discusión necesaria

Nace un problema megaminería

In Malas Viejas on 24 abril, 2010 at 10:54 AM

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente.

“La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).

“Hasta tanto se demuestre (…) que no existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en la zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los jueces (…) proveer de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial o protección de los intereses colectivos, tratándose de un derecho humano fundamental, tanto de quienes allí habitan como de todos los habitantes, a un medio ambiente sano y sin contaminación, efectuando lo que fuera menester para evitarla”, afirma el Superior Tribunal de la provincia.

“Hace ya mucho tiempo se expresó que el principio de precaución en materia ambiental plantea que la incertidumbre científica no debe ser excusa para la adopción de medidas que tiendan a evitar la posibilidad cierta de la recurrencia de un daño ambiental grave ni para convalidar las acciones u omisiones humanas potencialmente dañosas”, remarca el máximo tribunal provincial y afirma que “es deber de todos coincidir en que esos daños (al medio ambiente) se prevengan, ya que una vez producidos resultan en la práctica de una casi imposible reparación”.

Vecinos de Tilcara realizaron marchas, encuentros, talleres y campañas de información sobre lo que implica la actividad minera a gran escala. En agosto de 2008, ocho vecinos sumaron otra acción: presentaron un recurso de amparo. Exigían que el Estado provincial no otorgara más permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto, pedían la prohibición de utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, y solicitaron que se cancelaran los permisos concedidos en la Quebrada de Humahuaca. Apuntaban directamente a los permisos de cateos y exploración otorgados a la empresa Uranios del Sur, que abarcaba una superficie de 14.100 hectáreas en la zona de los “amarillos”, perteneciente a las comunidades indígenas Yacoraite y El Angosto de Yacoraite, departamento de Tilcara.

En abril de 2009, la Cámara Contencioso Administrativo (integrada por Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales) rechazó el amparo vecinal. Ahora, el máximo tribunal lo criticó: “La sentencia no se ajustó a derecho vigente y, por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria”, lamenta el Superior Tribunal de Justicia, y precisa que los jueces “desatendieron e ignoraron” la existencia de presuntos daños ambientales en ocho causas penales, asentadas en los juzgados federales de Jujuy.

“Es inadmisible el rechazo (del amparo) ejercido por no haberse arrimado prueba, según el criterio del Juzgado Contencioso Administrativo”, cuestiona el máximo tribunal provincial, y reitera la necesidad de invertir la carga de la prueba, responsabilizando al gobierno provincial y al sector privado: “De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia (…) en caso de probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por contaminación deberá acreditar su inexistencia no sólo quien esté en mejores condiciones de hacerlo sino quien precisamente sostiene tan ciegamente que tal contaminación no existe”. Y carga contra el gobierno por no haber aportado, en su defensa, un estudio técnico que asegure que no existe ni existirá contaminación por la actividad minera. Desde el gobierno jujeño no respondieron las consultas sobre el fallo. Lee el resto de esta entrada »

Para entender el conflicto Minero en Jujuy

In Malas Viejas on 24 abril, 2010 at 10:53 AM

Bolsas de cianuro en mina Pan de Azúcar

Crónica y radiografía realizada por la Revista MU en 2008.

Apunando a las mineras

Una movilización vecinal logró frenar la amenaza de explotación de uranio en una provincia que todavía lucha contra las consecuencias del saqueo con la complicidad estatal: en Abra Pampa el 80 por ciento de los chicos está contaminado con plomo; en Pan de Azúcar, el cianuro está a la vista. Los venenos del modelo minero. Y sus antídotos.

En la mina Pan de Azúcar, caminando entre polvo de cianuro derramado de las bolsas de plástico con dibujos de calaveras, es posible abrirse a dilemas de orden moral y nasal. Ejemplos:
¿Cómo puede esta mina célebre, abandonada y letal, estar abierta así, sin control alguno, ni siquiera un alambrado, a 100 metros de una escuela? ¿Qué olor tiene el cianuro?

La primera pregunta quedará brevemente en suspenso. Sobre el olor, Ariel Méndez, integrante de Red Puna, no termina de decidirse: “Es cortante”. A Noemí Cruz, una joven mamá kolla que prefirió esperar afuera con sus pequeños hijos, le recuerda a baño lavado (tal vez haya percibido el sodio que contienen las lavandinas).

Entre la altura de la Puna y el cianuro, conviene lograr dos cosas a la vez: respirar y no respirar. Hay algo que se va apoderando de las fosas nasales, se aferra a la garganta, irrita los ojos. ¿Insecticida, ácido, un gas espeso? Algunos informan que el cianuro no tiene olor (gente que no visita Pan de Azúcar), y otros sugieren que sí, y que evoca almendras amargas.

Fausta Mamani ronda con elegancia indígena los 80 años. Sombrero gris sobre un pañuelo rojo que le cubre el pelo, pulóver blanco bajo un saquito de lana azul, poncho marrón de vicuña cruzado sólo sobre un hombro, pollera colorada. La fuerza y la alegría de esos colores son aire puro. Se lo puede intuir en la foto que ilustra nuestra tapa. Pero Fausta está un poco harta ante el dilema:

-¿A qué va a tener olor el cianuro? A veneno. Por eso me mata los animales. Y nadie hace nada.
Jujuy es como Fausta: antigua, elegante y amenazada. El 24 por ciento de su territorio está a tiro de las multinacionales mineras, con 470 explotaciones -como los megaproyectos Pirquitas y Aguilar- y 1.200 pedidos de cateo y explotación de 13.000 kilómetros cuadrados (65 veces el tamaño de la Capital Federal), principalmente en la Quebrada de Humahuaca, un valle andino de 160 kilómetros y belleza deslumbrante, y la Puna, ese altiplano que a casi 4.000 metros de altura toca el cielo.

Pero una serie de movilizaciones, puebladas y hasta chusmeríos, están tratando de cambiar la historia minera. Los que se larguen a respirar este viaje, quedan ante el desafío de conocer una situación económica, política y social a veces absurda, y asfixiante. Hay que tomarlo con calma, aprovechando todo el oxígeno posible, y buscando descubrir qué hay más allá del vaho a almendras amargas.

Chusmerío y movilización

Marcha antiminera en Tilcara (archivo mayo 2009)

Juella no figura en los mapas ni en los diccionarios. Está habitada por apenas 100 familias. Allí nació una movilización social que copó a la bella y shoppinesca Tilcara, hizo que una jueza atravesara ventanas, parió una legislación contra la minería a cielo abierto, y frenó un proyecto minero multinacional. No se sabe el significado del nombre, que es anterior aun a la invasión de dos tribus: los incas con el quechua, y los españoles con el castellano. En Juella los indios Tilcara construyeron un pucará (fortaleza), que no alcanzó para protegerlos, pero hoy es atracción arqueológica y turística. La arqueología del presente indica que la mejor defensa es moverse, más que hacer pucarás.

El pueblito está a 6 kilómetros de Tilcara, a 1.700 kilómetros de la Capital Federal y a 2.500 metros de altura, en plena quebrada. En el vivero comunitario San Cayetano, Tomasa cuenta: “Acá vimos pasar una camioneta, se fue para arriba. Vino un vecino, el Mono, artesano con puesto en la plaza de Tilcara, donde está todo el chusmerío, y se enteró de la minera. Un día escuché una bomba en los cerros. Pensé que era por la fiesta de San Juan, el 24 de junio, pero me di cuenta de que eran ellos, los de la minera”.

En el vivero trabajan 20 vecinos de la zona, perfeccionando lo que cultivan en sus huertas. Juella alberga el Festival del Durazno y la Humita, en marzo. El vivero San Cayetano forma parte de la Red Puna y eso lo conecta con otras 35 comunidades de la quebrada y la Puna.

El artesano, el Mono, es Cristian Giménez, oriundo de Mar del Plata que hace cuatro años está instalado en Juella con Carolina, su compañera nacida en Cali, Colombia, y sus hijitos Amsaya y Awki. Cristian y Carolina hacen aros, pulseras y colgantes labrados con un arte inusual, en su casita de Juella, ante un paisaje onírico. No llega la televisión abierta ni el cable, hay tres vecinos con televisión satelital. “No nos quemamos la cabeza haciendo zapping para no encontrar nunca nada. Acá hay sanidad mental y cosas más interesantes que mirar” dice Cristian. Apenas le llega la señal del celular, que lo conecta día por medio con su mamá.

Cosas que mirar. “Vimos la camioneta -cuenta Carolina, que no ha perdido el acento caleño- quisimos pararla y no nos hicieron caso. Los vi luego en la plaza de Tilcara, saliendo de la Municipalidad. Les pregunté qué hacían. Exploraciones, solamente uranio, me dijeron. Era este señor”. Muestra la tarjeta que le dio Juan Guillermo Orozco, geólogo, director y gerente para Sudamérica -según se lee- de la empresa Uranio del Sur. “Le dije que tenía que pedir permiso al Centro Vecinal, y que además iban a mucha velocidad en la camioneta”. El centro vecinal es presidido por don Eduardo Peloc. Orozco fue con un funcionario municipal. “Les dijimos que no los vamos a dejar entrar. No queremos que nos envenenen, ni que nos maten” relata Tomasa, la esposa de Don Peloc. Carolina suma: “Después supimos que mintieron, pidieron permiso no sólo para uranio sino oro, plata, cinc y demás”. Red Puna organizó charlas con especialistas, Cristian preparó fotocopias y volantes para la gente de Juella. “Acá no tenemos Internet, usamos un locutorio de Tilcara con re buena onda, no nos cobraban las fotocopias y ya era fin de mes”.

En pocos días, Juella se convirtió en una academia sobre el verdadero significado de la minería. “La radiactividad de la explotación de uranio llega a 200 kilómetros a la redonda -informa Carolina-. Ni siquiera dan trabajo. Todo lo hacen máquinas” agrega la kolla Pilar. “La gente ha sido muy sumisa, pero ahora ya no” completa Verónica.

La movida omitió pensar siquiera en el intendente, concejales de Tilcara y funcionarios provinciales. “Es que son políticos. Y si te dormís, te instalaron la minera. Al final nos apoyaron todos” editorializa Cristian. El intendente Félix Diaguita Pérez, radical, había declarado: “Tengo todo controlado”. Cristian: “Nuestra duda era, ¿a favor de la minera o en contra? Nunca mostró de qué lado estaba, hasta que vio que íbamos en serio. Ahí firmó”.

Jueza por la ventana

Uno de los concejales de Tilcara, el radical Eduardo Escobar, llegó a Juella y se puso a disposición de los vecinos: “Hago lo que ustedes quieran”. Dos abogados, María José Castillo (de Red Puna) y Enrique Oyharzábal (del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y colaborador los hermanos Jesús y Pedro Olmedo, obispo de Humahuaca y párroco de La Quiaca, respectivamente) redactaron el proyecto de ordenanza que Escobar presentó al Concejo Deliberante. El 10 de julio llegaron a Tilcara para reunirse con los vecinos el director de Minería de la provincia, Martín Sánchez, el secretario de Cultura, Jorge Noceti, y la jueza de Minas, Cristina Lucas de Durruty.

Paralelamente, la comunidad salió desde Juella caminando los 6 kilómetros hasta Tilcara, sumando en el camino a más vecinos y hasta escuelas enteras. Para cuando llegaron frente al municipio, ya pasaban largamente las mil personas. A último momento se sumaron algunos integrantes de los movimientos Tupaj Katari (del ex célebre Perro Santillán) y la Corriente Clasista y Combativa (maoístas que apoyaron a los ruralistas en el reciente round con el gobierno). Los comercios y boutiques se plagaron de letreros contra la minería de uranio.

El Salón de Actos municipal quedó desbordado. Sánchez, Noceti y Durruty salieron a la vereda, fuera de la recova del municipio, para hablar con micrófono. Tomasa: “La verdad es que la gente se ha enojado, sobre todo con la jueza, porque seguía diciendo que defendía la minería”. El abogado Oyharzábal aporta una impresión: “La actitud fue de mucha soberbia, frente a gente que estaba realmente indignada”. Cristian: “Es que no querés que te sigan haciendo el verso”. Durruty no pertenece al Poder Judicial: se llama “juez de minas” a la persona que otorga los permisos a las empresas.

La gente le gritaba a la jueza si estaba o no a favor de la minería, y cuando le preguntaron “¿y qué vas a hacer con el Pan de Azúcar?” dio media vuelta rumbo a la Municipalidad. Los caballeros Sánchez y Noceti rumbearon sigilosamente hacia otro lado. La jueza quedó sola en medio de la gente, erró el camino, y terminó entrando al municipio por una ventana. El público seguía reclamándole dentro del Salón de Actos y ella finalmente fugó por otra puerta hasta llegar a la comisaría. Fue un momento de obvia tensión.

El intendente Diaguita Pérez firmó la ordenanza que ya habían aprobado los concejales por unanimidad, y la leyó al público. “Como nunca la había visto -se ríe Tomasa- ni sabía las palabras”. Tropezó especialmente con “lixiviación”, término que define cómo el cianuro quema la tierra para separarla de los metales. Uno de los carteles en la calle decía: “Si sos Diaguita defendé a los indígenas”. La jueza Durruty ya había huido de Tilcara.

La ordenanza o el marketing

La ordenanza 13/08 recuerda principios constitucionales sobre la preservación del ambiente, denuncia la destrucción del suelo, el agua y el aire que provoca la minería a cielo abierto, enumera catástrofes ambientales ocurridas en el mundo por este tipo de emprendimientos y reproduce el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea, por ejemplo:
“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.

“Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

Finalmente el texto prohíbe en el departamento de Tilcara “la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos”. Tal vez lo principal sea otra cosa: la ordenanza podría ser un caso testigo de los efectos institucionales que puede tener una veloz movilización social, como ya ocurrió en Famatina (La Rioja, donde en 2007 se frenó a la Barrick Gold y se prohibió la minería a cielo abierto) o la premonitoria Esquel, que con un plebiscito en 2003 detuvo la instalación de Meridian Gold.

Detalles curiosos: Tilcara es el primer Municipio Indígena de Argentina, y la Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). “Pero si sos Municipio Indígena, eso no puede ser sólo marketing” dice el kolla Ariel, de Red Puna, y revela un dato para turistas: “Ni siquiera hubo más trabajo. Muchas de las artesanías y tejidos típicos que te venden en Tilcara los traen de Bolivia”. Cristian y Carolina también se indignan: “Las señoras que tejen en serio no tienen lugar donde mostrar y vender lo que hacen, pero las cosas truchas tienen espacio”. La propia Red Puna (que tiene una cooperativa que produce increíbles tejidos de lana de oveja y fibra de llama) no tiene puesto en Tilcara y sí sus propios locales en Abra Pampa y Maimará.

¿Y qué significa Patrimonio de la Humanidad? María José, la abogada: “Es algo turístico, pero ni siquiera desarrolla un turismo que beneficie a la gente del lugar. Y al ser ‘de la humanidad’ parecería que no es de nadie”. Remo Leaño, del grupo de vecinos autoconvocados de Tilcara, y diseñador de páginas web, cree que se trata de un negocio inmobiliario “que benefició a la gente del poder, y la gente del poder ahora apuesta por el negocio minero. Dicen que lo del Patrimonio de la Humanidad permitió mover 14 millones de dólares en turismo. Eso es un vuelto comparado con la minería”. ¿Quién es esa gente del poder? “Imaginate: los políticos asociados con las empresas mineras”.

¿Contra el progreso?

Cristian está molesto. “Un día discutí con la directora del hospital que decía que estar contra la minería es estar contra el progreso. Yo le dije: estamos en contra de que nos maten”. Uranio del Sur pertenece a Uranio AG, fundada en 2006 con sede en Suiza, cuyo accionista mayoritario es la minera canadiense (paisana de Barrick Gold) Rome Resources ltd, ubicada en Vancouver. Allí, en la Columbia Británica de Canadá, también está prohibida la minería de uranio, mientras esta subsidiaria tiene ya 22 concesiones mineras en La Rioja y San Luis, 171.000 hectáreas. Los canadienses serían tan reacios al progreso como los habitantes de Tilcara. Facundo, psicólogo e integrante de los equipos de formación de Red Puna: “También sería progreso que haya agua, te dicen que en la Puna no hay agua, pero cuando aparece una minera hay millones de litros diarios. Lo que no hay es voluntad política de hacer un cambio estructural”. La idea de que oponerse a la muerte, el empobrecimiento y la enfermedad es oponerse al progreso, es tal vez una curiosidad turística que la provincia debería publicitar.

El mecanismo de estos emprendimientos se basa en la confusión. Las autoridades jujeñas dijeron que Uranio del Sur tenía sólo dos pedidos otorgados por la jueza Durruty, uno de 500 y otro de 9.099 hectáreas, pero la investigación vecinal ya reveló que había al menos tres pedidos más de exploración. Leaño: “Todo va demostrando que el gobierno provincial miente”.

Los kollas y campesinos parecen tenerlo muy claro. Tomasa: “Nos quieren sacar del medio”. Verónica: “Nos quieren someter”. Ariel cree que todo esto aporta a la expulsión de la gente de sus tierras. El abogado Oyharzábal se suma: “Esto es un proyecto de años para convertir a Jujuy en una provincia minera con un criterio de pura extracción, para llevarse todo”. No se trata de un paranoico. “Al revés, el problema que tenemos las sociedades es que nos enteramos de estas cosas al final. Se ve con el trazado de los dos gasoductos que van hacia Chile, que pasan por todo el corredor minero mientras acá mismo, en Tilcara, no tenemos gas. Lo mismo con los tendidos eléctricos. El Estado no está representando a la sociedad, sino a las empresas, y a un proyecto minero”.

A nivel nacional se puede recordar al secretario de Minería, Jorge Mayoral, empresario minero, o a la propia Presidenta haciendo algún acto de campaña con el logo de Barrick Gold a sus espaldas (propietaria de las megamineras Veladero y Pascua Lama, de San Juan). Además, las leyes mineras surgidas de la creatividad del gobierno de Carlos Menem siguen intactas. Las empresas pagan regalías de menos del 3% sobre lo que ellas mismas declaran, no pagan iva, ni impuesto a los combustibles, ni a la importación de sus maquinarias (que incluyen como “inversión”), ni siquiera el impuesto al cheque, y tienen el campo libre porque el Estado está expresamente impedido de actuar en el rubro. Si alguien quisiera redistribuir la riqueza, en este nicho hay con qué entretenerse.

También es cierto que hay otros enemigos del “progreso” minero, como Chubut, Río Negro, Mendoza, Tucumán, y La Rioja posmenemista, que prohibieron estas andanzas mineras aunque casi siempre como efecto de la movilización de sus comunidades. En Tucumán, además, existe una rama de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (ufima), bajo la órbita del fiscal general Antonio Gómez. Tramitan 60 denuncias, y de allí nació el procesamiento dictado por la Cámara Federal de Tucumán contra el vicepresidente de Bajo Alumbrera (Catamarca), Julián Rooney, por el delito de contaminación, donde se considera “cómplice” al secretario de Minería Mayoral. Y allí también fueron indígenas y campesinos jujeños a denunciar lo que ocurre en la provincia.

Tal vez por esas cosas, el director de Minería provincial, Martín Sánchez, no tuvo problemas en confesarle a la abogada María José Castillo lo siguiente: “Ah no, acá nunca vamos a hacer audiencias públicas por el tema ambiental. Mirá si después nos pasa como en Esquel”.

Doctrina del plomo

Cuando estaba llegando a Abra Pampa, la llamada capital de la Puna, 3.500 metros de altura, me topé con una de las marchas más extrañas que puedan imaginarse. Sobre el asfalto vacío de la ruta 9, en medio del desierto puneño, por donde no hay ningún lugar lógico al cual llegar caminando, salvo un pueblito a 40 kilómetros, poco más de cien personas pasaban junto al cementerio de Abra Pampa (los cementerios jujeños parecen fiestas por los colores de las flores de plástico). Iban muy rápido. Mujeres kollas coloridas y exasperadas, chiquitos con mochilas escolares, hombres con pancartas. ¿A dónde estaban yendo? Paola Arias, 26 años, una mujer pequeña y enorme, tres hijas, visiblemente irritada, me sorprende:

Vamos a Jujuy. Los funcionarios habían prometido venir. Nos mintieron. Si el gobierno no viene, entonces nosotros vamos allá. Pero estamos a 230 kilómetros.

(Enojada) No nos importa. Hace décadas que tenemos un cerro de escoria. Una montaña de plomo, y residuos tóxicos. La mayoría de la gente está contaminada. Mi nena, Malca, tiene índice 22 de plomo en sangre. Tiene problemas de la vista, nadie se hace cargo, no hay ni pediatras.
¿Por qué no vinieron los funcionarios?

(Paola mira el asfalto para disimular las lágrimas, pero sigue hablando) ¡No sabemos! Estamos muy molestos señor, es humillante. Diego Orellana, secretario de Gobierno, prometió venir. Nos engañaron otra vez pidiéndonos la confianza para votar. Queríamos hablar. Tenemos la contaminación con plomo, no hay cloacas. Ni agua. ¿Qué dicen los gobernantes? “Hay que dialogar”. Bueno, hace años que estamos dialogando: pero además hay que hacer algo. En Tilcara salieron a la calle, nosotros salimos a la ruta. Acá nos explotan a todos. La verdad es que el gobierno nacional tendría que hacer algo. Pero todos hablan mucho, y nadie hace nada.

Veinte años de soledad

Paola me cuenta que buscarán subirse a algunos camiones, o hacer dedo para que los automovilistas al menos acerquen a los chicos. Acompaño la marcha un kilómetro, y no puedo caminar más. Los veo irse y no sé si están locos, o si la suya es la única lucidez posible para sobrevivir en esta normalidad. En Abra Pampa, Julio y Mario, de Red Puna, me llevan a conocer lo que me contó Paola. La minera Metalhuasi ya no existe, pero dejó en el medio de Abra Pampa dos recuerdos. Un gran terreno de derrame de químicos de unos 100 metros por 100 y, efectivamente, una montaña de escoria de plomo, de casi seis metros de altura, que están allí desde hace más de 20 años.

Sobre 234 casos estudiados de chicos de 6 a 12 años, el Centro de Investigación Química Aplicada de la Universidad Nacional de Jujuy, dirigido por la doctora en bioquímica Graciela Bovi Mitre, detectó que el 81 por ciento tiene valores superiores a los 5 microgramos de plomo en sangre. Resultado: daños neuromadurativos (retardo de crecimiento), plomo depositado en los huesos (con dolores imaginables) y los dientes, baja de las defensas, alergias, predisposición a las infecciones, sobre todo las urinarias. Yolanda, de Red Puna, una de las afectadas, agrega sin perder la sonrisa: “Hay muchos tumores, casos de leucemia y cáncer. Yo también tengo problemas…”, y sin terminar señala su zona abdominal.

Los principales transmisores de plomo a la población en Abra Pampa son la tierra y el viento.
Agua no tanto, por pura escasez, aunque el agua que se consigue es posible que esté contaminada por el vaciadero de desechos químicos. El bid (Banco Interamericano de Desarrollo) dio un préstamo para limpiar Metalhuasi, pero lo único que se hizo fue levantar un alambrado. El resto del dinero no se sabe a qué cuentas bancarias fue. La noticia: el alambrado ya está roto. El padre Jesús Olmedo intentó llamar la atención sobre esta situación en 2007. Organizó una peregrinación, que terminó con su propia cucifixión simbólica sobre la montaña de plomo. Ni así le hicieron caso.

Contra todo pronóstico razonable, Paola, los 40 chicos, y 60 adultos llegaron a San Salvador de Jujuy dos días después. Automovilistas y camioneros fueron haciendo fluir esa marcha. Acamparon frente a la Gobernación. Ante el hecho consumado, un grupo fue recibido por cuatro funcionarios. Sede del encuentro: el estacionamiento de la Gobernación, a cielo abierto. De los 14 puntos que llevaban, según el diario El Tribuno de Jujuy, les prometieron:
1) Llamar en 45 días a una licitación, para comenzar las obras de saneamiento.
2) Arreglar las pocas cloacas que hay en Abra Pampa, e incluir en el presupuesto 2009 una planta depuradora de líquidos cloacales.
3) Derivar un camión cisterna, con agua potable para Abra Pampa.

Los ministros ni siquiera prometieron algo con respecto a otros pedidos, como el envío de médicos clínicos o especializados en envenenamiento por plomo. Luego de 20 años, 45 días de plomo en sangre parecen poco. Podría incluso proponerse inaugurar la planta de líquidos cloacales como monumento al progreso, brindando con agua del camión cisterna. El Centro de Investigación Química no ha estudiado qué tienen los funcionarios en la sangre. Otros comentarios acerca de estos hallazgos quedan a cargo de los lectores presentes.

Cianuro en tus ojos

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Si un Estado y sus gobiernos no logran limpiar plomo y residuos químicos en lugares del tamaño de sendas canchitas de fútbol durante 20 años, ¿qué garantía pueden dar frente a los proyectos de megaminería en marcha? Tal vez sólo sea una pregunta apunada. El gobierno de Jujuy tiene, como era de esperar, una instancia de control: el Departamento de Policía y Control Minero, área que cuenta exactamente con un (1) funcionario, el geólogo Juan Carlos Lavadenz. El propio Martín Sánchez reconoció que el organismo está totalmente superado en su posibilidad de trabajo.
De Abra Pampa a la mina Pan de Azúcar, en el departamento de Rinconada, se llega por un camino de unos 70 kilómetros de tierra y piedra en el que no hay señalizaciones. Ariel y María José son baqueanos para orientarse en la Puna. Como un espejismo en ese desierto de yuyos rodeado por cerros, se ve la Laguna de Pozuelos, declarada Monumento Natural. Llegamos a Pan de Azúcar. La población completa es de menos de 60 habitantes.

Seguimos hacia la mina, llevando a Noemí Cruz con su hijito Alexandro y su beba Ester (los asombrosos cachetes de los bebés kollas deberían ser algo más que Patrimonio de la Humanidad). En el camino hay una especie de manchón grisáceo al pie de dos cerros, como la escupida de un gigante en el paisaje. “Es el derrame químico del dique de colas” explica María José. Un tramo más, y dejamos la camioneta frente al establecimiento, que es como un pueblo blanco colgado de un barranco, arrasado por alguna guerra. Se cruza una tranquera abierta y ridícula, porque no hay alambrado que la contenga. Recorremos las construcciones, que alguna vez habrán sido oficinas y ya no tienen techos, ventanas ni puertas. La mina está supuestamente cerrada desde 1989.

Las sucesivas denuncias hicieron que el gobierno provincial enviara a don Martín Sánchez, que ya en 2006 ejerció el arte de la promesa sobre la “remediación del pasivo ambiental” (jerigonza que significa limpiar la contaminación). No se hizo nada. En 2007 el caso, ya emblemático, fue denunciado por las Comunidades Aborígenes y Pueblos Indígenas de Jujuy ante la ya citada ufima, que dictaminó la existencia de contaminación en el Río Cincel, en la Laguna de Pozuelos y en los campos de la zona. Como se detectó la presencia de bolsones de cianuro y además dinamita, allí fue la Gendarmería: sólo se llevó la dinamita. La jueza de Minas llegó en 2007, prometiendo nuevamente remediar el pasivo ambiental, alambrar el perímetro de la mina para que nadie pueda entrar (especialmente los chicos de la Escuela Albergue de Pan de Azúcar, que pasan allí toda la semana; la escuela está a menos de cien metros de la mina) y prometió tapar los socavones.

Actualmente, la realidad es la siguiente:
La mina está abierta a cualquiera que quiera entrar.
Los socavones (pozos que parecen infinitos) también están abiertos. Con el flash de la cámara de fotos no se alcanza a ver el fondo.

En el gran galpón se encuentra el cianuro caído de bolsas de la empresa química brasileña Metacril, ilustradas con enormes calaveras y leyendas en portugués: “cianato de sodio” y “este saco contem um veneno mortal”. (Dato positivo: si los chicos de la escuela anduvieron jugando por aquí sin matarse, es indicio de que las futuras generaciones jujeñas acaso sean indestructibles).

Otro problema: vecinos de Pan de Azúcar y Rinconada se han ido llevando techos, ventanas y puertas para sus propias viviendas. Empiezan a faltar también partes de las paredes de chapas del galpón. Cuando sopla viento, vuela el cianuro. Doña Fausta Mamani llegó agitando los brazos pensando que íbamos a robar más chapas. “Se mueren los animales, las ovejitas, los cabritos. Nos hace mal a la nariz y el pecho. Nadie arregla esto”. María José narra que hace dos meses estuvo reunida con el director de Minería Martín Sánchez, quien le dijo: “¿En serio sigue habiendo bolsas de cianuro? Ya las vamos a sacar. Gracias por avisarme”.

En la recorrida encontramos también toda la papelería de la empresa, de los años 1985 y 1986: recibos, facturas y hasta ejemplares de la Mining Magazine, revista dedicada a ilustrar las bondades de esta industria. La mina pertenecía a Río Cincel samic, y más recientemente a Lapacha Minera. Siempre con la misma apoderada, Graciela Comas. Ambas empresas, según descubrió la Fiscalía tucumana, tienen pedidos de exploración en esta misma área, que la jueza de Minas debe definir. Y Lapacha aseguró en 2007 haber estado haciendo tareas en el lugar, lo que explicaría que las bolsas de cianuro -y el cianuro- estén tan bien conservados. Ya no postulan la minería de socavón, sino a cielo abierto. Como dice Sánchez, el director de Minería: “El futuro minero se presenta más que interesante y prometedor para la provincia”.

Fin con sabor

Cuando anochece, las estrellas parecen lámparas y la luna es tan grande que marea. Al día siguiente, el abogado Oyharzábal, en Tilcara, cuenta: “La participación de las comunidades indígenas y de los vecinos consiste en decirles: vení y firmá, o andate. Una vez un diputado radical, Raúl García Goyena, me dijo con tono de patrón de estancia: ‘Escúcheme, la democracia es que ustedes delegan, y nosotros somos los representantes’. Eso está en crisis, esa cosa de funcionarios que se creen reyes que pueden hacer cualquier cosa. Pero la gente ya no se calla, ni delega, porque se empieza a ver que se tiene que plantar, porque el Estado posiblemente no sólo no la defienda, sino que además es socio de las mineras”.

En Abra Pampa, María de la Red Puna, me contó que ya están armando reuniones en toda la zona para oponerse también allí (algo más difícil que en la turística Tilcara) a la infección minera. Con esa sonrisa sabia y suave de las “mamitas” kollas, reconoce que toda la experiencia de estos años con la gente organizándose es transformadora.

“Pero lo primero que se transformó fue mi forma de pensar. Pensar que otros hicieron la historia. Que la realidad ya está, así como es, y que uno no puede hacer nada. Que hay que cumplir las órdenes y lo que está dado, en el trabajo, en la vida. En cambio aquí uno dice: yo puedo hacer otras cosas. Y las puedo hacer con los demás”. Luego menciona algo que en Jujuy parece aplicable a la movida de kollas, abogados, campesinos, webmasters, curas, tejedoras, militantes, comerciantes y artesanos: “Y bueno, eso nos pasa: le fuimos agarrando el gusto”.

Fuente: Revista MU

Consciencia Solidaria

In Malas Viejas on 14 abril, 2010 at 10:29 AM

Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a “cielo abierto” y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).

* Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (Ley Nacional 24.196) y normas complementarias.

* Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del “Tratado de Integración Minero Argentino-Chileno”.

* Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando y no respetan la ley general del ambiente (ley nº 25675).

* Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos ínter-jurisdiccionales.

* Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivo, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.

* Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.

* Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros que desarrollan emprendimientos mineros radiactivos.

* Reclamamos expresa “Licencia Social” y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.

¡Sí a la vida y a la dignidad! ¡No al saqueo, destrucción y contaminación!

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